A fin de evitar conflictos sociales, según Juan Carlos Eguren
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| Legislador Juan Carlos Eguren. ANDINA/Juan Carlos Guzmán |
Lima, 31 de Mayo.- El congresista Juan Carlos Eguren propuso un debate nacional para concertar una reforma constitucional que regule la propiedad de los recursos naturales ubicados en el subsuelo, a fin de evitar y prevenir conflictos sociales.
Manifestó que esta reforma debería permitir que los dueños de una propiedad en el Perú, también sean los titulares de los eventuales recursos naturales ubicados en el subsuelo de la zona donde habitan,tal como ocurre en otros países desarrollados como Canadá y Estados Unidos.
Para ello, explicó, la reforma debería modificar, además de algunas leyes, principalmente el artículo 66 de la Constitución, según el cual, los recursos naturales renovables y no renovables son patrimonio de la Nación y el Estado soberano en su aprovechamiento.
Refirió que este esquema vigente en la actualidad ha generado múltiples problemas, como una inadecuada distribución de las ganancias y la demora en la ejecución de proyectos de exploración y explotación de recursos naturales.
Además, y más importante aun, es una de las principales causas de los conflictos sociales protagonizados por las poblaciones asentadas en el área de influencia de los proyectos extractivos, que observan como los recursos son explotados sin recibir una contribución acorde con sus expectativas, subrayó.
“Este tema debe ser parte de un debate nacional muy amplio de los candidatos y partidos que participarán en las elecciones generales del próximo año”, dijo en declaraciones a la Agencia Andina.
Sostuvo que los últimos conflictos sociales contra proyectos mineros, como Conga, en Cajamarca, y Tía María, en Arequipa, ameritan una exhaustiva reflexión por parte de todos los partidos políticos, respecto ala necesidad de regular la propiedad del subsuelo y los recursos naturales en el Perú.
“Si cambiamos este modelo, el Perú puede ganar bastante.Las comunidades no se opondrían a los proyectos porque serán los dueños directos y trabajarían en forma articulada con el sector privado para explotar esos recursos. El Estado cambiaría su rol de impulsor de este tipo de inversiones y sería el garante de que estos proyectos sean compatibles con el medio ambiente”, anotó.
Para Eguren, el mencionado concepto de propiedad permitirá reducir sustancialmente los conflictos sociales porque las comunidades nativas sentirán los beneficios directos de las actividades extractivas y apostarán por la promoción de este tipo de proyectos.
“Además, el Estado no perdería nada porque seguirá percibiendo los impuestos que generan estas actividades de explotación de recursos naturales”, acotó.
SMA/CCR
Fuente: APN "ANDINA"
