Sostiene ministro de Justicia, Gustavo Adriánzen
Lima, 29 de junio.- El fallo de la Corte Interamericana de San José, que establece la responsabilidad parcial del Estado peruano en el caso de la operación Chavín de Huántar, es resultado de una defensa eficaz y sin precedentes por parte del gobierno del presidente Ollanta Humala, afirmó hoy el ministro de Justicia, Gustavo Adriánzen.
En conferencia de prensa, dijo que en los 14 años que lleva este proceso, y que comprometen a tres gobiernos sucesivos, nunca antes se había desplegado tantos esfuerzos para la defensa de los comandos de las Fuerzas Armadas que liberaron a los rehenes de manos del grupo terrorista MRTA, en 1997.
Indicó que esto responde a la decisión política del gobierno peruano, que se materializó en la contratación de peritos, de especialistas, y llevarlos al máximo tribunal de la Organización de Estados Americanos (OEA) para rebatir cada uno de los argumentos de la oposición.
Incluso, dijo que los ex rehenes Luis Giampietri, el magistrado Sivina, y otros que estuvieron cautivos durante cuatro meses en la residencia de la Embajada de japón en Lima, podrían ser llevados a la corte para dar su testimonio.
“Hemos revertido en absoluto el expediente de cómo lo encontramos al resultado que ahora conocemos”, afirmó el ministro Adrianzén, quien señaló que Perú logró que la Corte venga al Perú a hacer una reconstrucción de los hechos, a pesar de la oposición de los familiares de los terroristas, la misma que se realizó en la réplica de la sede diplomática nipona, en una instalación militar de Chorrillos.
Enfatizó que el gobierno ha realizado una defensa internacional cerrada y eficaz, al igual que en el Poder Judicial. Por esa razón,indicó que resultan injustos los cuestionamientos de algunos sectores a la sentencia, pero también de algunos representantes de las ONG, a su labor cuando era procurador del Estado en este caso.
Al explicar detalles de la sentencia, el ministro de Justicia informó que la responsabilidad parcial del Perú está referida principalmente a la cuestión del plazo razonable, por no haberse llevado a cabo las investigaciones respectivas, en el caso de la presunta ejecución extrajudicial de Eduardo Cruz Sánchez (a) Tito.
Además, anotó que el fallo de la corte, descarta el delito de lesa humanidad, y por eso, la investigación que ahora hará la 58 fiscalía, será por homicidio agravado.
Refirió, finalmente, que el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos determina que en un año Perú debe dar un informe de las investigaciones que lleva adelante la fiscalía.
(FIN) EGZ/ ASH
Fuente: APN "ANDINA"