Señalan organizaciones de derechos humanos
Lima, 07 de noviembre. Organizaciones de derechos humanos consideraron como un primer paso para la justicia, verdad y política de reparaciones, el decreto supremo que declara de interés nacional la atención prioritaria de víctimas de esterilizaciones forzadas producidas entre 1995-2001 y crea un registro de víctimas.
La medida fue respaldada por organizaciones como Demus, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, el Centro de Derechos Reproductivos, Aprodeh, Cladem, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y el Grupo de Reparación a Víctimas de Esterilización Forzada (GREF).
En conjunto reconocieron la importancia que, a través de un registro, se identifique el universo de víctimas luego de 18 años y se garantice el acceso a la justicia.
Refirieron también que se espera que el Estado admita su responsabilidad en los hechos ocurridos a raíz de lo que advirtieron fue una política nacional de aquella época que vulneró los derechos humanos de miles de mujeres y hombres.
“Saludamos la voluntad política expresada en el decreto supremo y destacamos que el Estado peruano avance en los cumplimientos adquiridos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Mamérita Mestanza que murió a causa de la esterilización forzada", indicó María Ysabel Cedano, directora de Demus.
Cedano consideró necesaria la participación de la sociedad civil y de las asociaciones de víctimas en el proceso de reglamentación de las políticas en este caso.
Las organizaciones saludaron que el Estado peruano haya tomado en consideración las recomendaciones y exhortaciones efectuadas desde la sociedad civil y los grupos representados por las víctimas de esterilizaciones forzadas.
Sin embargo, precisan que existen vacíos que deben ser tomados en cuenta por los ministerios de Justicia, de la Mujer y Salud que tendrán a su cargo la reglamentación del registro y el acceso a justicia y salud de las víctimas.
Uno de estos aspectos es considerar que los Centro de Emergencia Mujer (CEM), a las que se ha encargado la atención psicológica de las víctimas, no son viables para ejecutar esa tarea, debido a deficiencias logísticas.
Asimismo, se espera la creación de un sistema especial de protección a las víctimas de esterilizaciones forzadas en el Sistema Integral de Salud (SIS), que –entre otros beneficios- amplíe la cobertura para atención a nivel nacional.
“Creemos que la atención integral debe darse de acuerdo a la afectación de cada caso, de cada mujer, y que la atención de la salud mental de las víctimas podría buscar mecanismos adecuados para este tipo de reparaciones”, señaló Ana Vidal del GREF.
Las organizaciones en defensa de los derechos humanos esperan que en el corto plazo el Gobierno de turno fije una política de reparaciones para las víctimas de esterilizaciones que incluya acceso a programas de emprendimiento económico, productivos y de trabajo, acceso a programas sociales, vivienda e indemnizaciones.
“Desde el 2003 que firmamos el Acuerdo de Solución Amistosa en la CIDH, hemos exigido que las investigaciones se realicen en el marco de los estándares interamericanos, que se investigue con la debida diligencia y se tomen medidas para que estos hechos no se repitan”, señaló Ana María Palacios, abogada del Centro de Derechos Reproductivos.
Además, las organizaciones manifestaron que las acciones en favor de las víctimas de esterilizaciones forzadas deben ir acompañadas de unas disculpas públicas por tratarse de un caso emblemático de vulneración de derechos humanos desde el Estado.
NDP/VVS
Fuente: APN "ANDINA"
