“Uno de los puntos más cuestionados es la posibilidad de que los derechos del registro puedan ser transferidos a familiares de los titulares actuales, una medida que perpetúa la informalidad y socava cualquier intento serio de control porque se está jugando con fuego», dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Indicó que el REINFO representa una peligrosa puerta
giratoria que permite a operadores ilegales camuflarse bajo el manto de la
formalidad. Mencionó que este tipo de decisiones políticas responde a favores
entre el Ejecutivo y sectores del Congreso vinculados a actividades ilícitas.
“La situación se vuelve aún más preocupante porque en
regiones como Cajamarca, la minería ilegal ha comenzado a extenderse hacia
zonas como Cajabamba, San Ignacio y cercanías del proyecto Conga. Además, la
complicidad de algunas ONGs, autoridades locales y miembros del Ministerio
Público que, por omisión o conveniencia, no enfrentan esta realidad”, expresó.
Advirtió que este escenario podría desincentivar las
inversiones y generar una convivencia riesgosa entre la minería legal y la
ilegal. “Llama la atención el rol del empresariado, que en muchos casos
prefiere adaptarse a las circunstancias antes que enfrentar políticamente a
quienes distorsionan el marco normativo”, anotó.
Finalmente, Zamora propuso medidas urgentes como ampliar el
alcance de la OEFA, establecer marcos legales para expropiar terrenos usados en
actividades ilícitas y exigir una posición firme del Congreso. “Tenemos la
receta, pero no el médico porque hace falta voluntad política para enfrentar
con seriedad la minería ilegal en el Perú”, subrayó.
Fuente: Red de Comunicación Regional (RCR) Lima
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