“La ampliación del Reinfo no hace, sino, prolongar la ilegalidad de nuestro país y nos afecta a todos los peruanos. Entonces, necesitamos tomar con mucha seriedad esta revisión y nuevamente invoco a los señores congresistas para que antepongan los intereses del país a los intereses propios”, dijo en declaraciones a Red de Comunicación Regional (RCR).
Señaló que, en un
contexto preelectoral, el riesgo de ampliar el Reinfo implica que el Perú pierda
competitividad ante el mundo. “Y que nuestro territorio se siga perjudicando y
dañando ambientalmente y sobre todo que las personas que trabajan para los
mineros que están en el Reinfo y los ilegales, tengan condiciones inseguras en
sus labores de trabajo”, indicó.
Ampliación del Reinfo
constituye en un freno para las inversiones
Señaló además que la
ampliación del Reinfo es un freno para las inversiones. “Nadie va a invertir en
un país en donde tenemos concesiones mineras que podrían ser sujeto de invasión
por parte de mineros que con un Reinfo podrían instalarse en una concesión
propia sin control del Estado y sin el apoyo policial correspondiente”, afirmó.
Sostuvo que no debería permitirse un Reinfo en la concesión de un tercero, en Machu Picchu o en el océano Pacífico. “Ese cruce de información es el que se tiene que continuar haciendo para continuar excluyendo del Reinfo aquellos mineros que están con información que no es correcta o que no están cumpliendo con los requisitos”, remarcó.
Declaró que los
congresistas, en lugar de estar pensando en volver a incluir a 50 mil mineros
ilegales que fueron excluidos, deberían estar viendo cuáles son los mecanismos
más rápidos para excluir a más. “Necesitamos ponernos firmes, no permitir que
se reingresen los cincuenta mil y pico reinfos que fueron retirados del
registro y debe dejarse de usar el Reinfo como un escudo y una protección
contra la ley”, indicó.
Reinfo y quiebre la
seguridad jurídica del país
Sostuvo que la
ampliación del Reinfo quiebra la seguridad jurídica del país al oponerse a una
sentencia del Tribunal Constitucional. “El Tribunal Constitucional ha
reconocido la necesidad de tener un marco normativo donde no se exoneren las
responsabilidades penales por delitos ambientales ni responsabilidades civiles
o administrativas durante el proceso de formalización minera”, afirmó.
Agregó que la
Comunidad Andina (CAN), en su dictamen 007-2025, determinó que el Perú ya
incumplió la política andina de lucha contra la minería ilegal. “Y tomando en
cuenta la última extensión del Reinfo, no la que se está discutiendo ahora,
exigió al país abstenerse de adoptar medidas que obstaculicen la formalización
de la minería en pequeña escala artesanal o tradicional, a fin de garantizar la
prevención y control de la minería ilegal”, expresó.
“Adicionalmente, la
Defensoría del Pueblo también ha expresado su preocupación ante la ampliación
del Reinfo, afirmando que contribuye con la continuidad de la informalidad y no
de la formalización efectiva de la minería artesanal y pequeña minería. Se
refirió también la Defensoría del Pueblo a la débil institucionalidad y
capacidad de las Direcciones Regionales de Energía y Minas, y las Gerencias
Regionales de Energía y Minas, que operan en condiciones precarias, lo que al
final permite que la minería ilegal continúe extendiéndose”, dijo.
Manifestó que, si el
Congreso aprueba una nueva prórroga del Reinfo, consolidaría al Perú como un
país que premia al informal o al ilegal. “Debe incorporar mínimas condiciones
para que solo quienes aún se encuentran inmersos en el proceso, que son 31.553,
puedan continuar en carrera en la formalización, de modo que la extensión del
plazo no reproduzca los errores de las anteriores ampliaciones y se cumplan con
la sentencia del Tribunal Constitucional y también con el mandato de la CAN y
de la Defensoría del Pueblo”, afirmó.
Fuente: Red de Comunicación Regional (RCR) Lima.
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