“En Cajamarca se ha ideologizado el desarrollo minero, ello ha contribuido a que los proyectos no se desarrollen, sobre todo con gobernadores ideologizados que comenzaron a poner en conflicto la minería con el agua, la minería con el agro, bloqueando así varias obras y eso ha impactado en el desarrollo regional e incrementado los niveles de pobreza”, dijo a través de Red de Comunicación Regional (RCR).
Precisó que Cajamarca
debe poner un punto de quiebre a las ideologías y explotar los recursos que
posee. “Sin duda la minería es muy importante y podría serlo aún más con una
diversificación de metales como el oro y el cobre, que ambos se encuentran en
precios muy altos, y con ello aprovechar el desarrollo de actividades
económicas”, afirmó.
Ante el avance
indiscriminado de la minería ilegal en la región, especialmente en zonas como
Chugur, Sinchao, El Tingo, Hualgayoc, Sorochuco, San Ignacio y Santa Cruz,
indicó que esta situación se agrava por la burocracia y las trabas a los
proyectos formales, lo que deja espacio a la informalidad.
“Mientras más trabas
y demoras se sigan generando para el desarrollo de proyectos mineros formales,
estas zonas se verán más sujetas a invasiones de la minería ilegal, y si el
Estado no genera oportunidades de empleo o desarrollo de otras cadenas, las
personas se verán involucradas a esta actividad ilícita porque no todos son
criminales, sino que lo hacen por necesidad ante la falta de oportunidades”,
enfatizó.
En otra línea, Cauti
sostuvo que es fundamental continuar con la depuración del Registro Integral de
Formalización Minera (Reinfo) y avanzar hacia un censo minero nacional que
identifique a los verdaderos operadores. Por lo que, instó al Congreso a
debatir y aprobar antes de fin de año la nueva Ley de Minería Artesanal y de
Pequeña Escala (Ley MAPE), que permita formalizar y fortalecer este sector
productivo.
“No se puede seguir
ampliando plazos como en los últimos 15 años, es momento de hacer algo
distinto, con reglas claras, plazos razonables y herramientas de trazabilidad
que garanticen un oro responsable y limpio, con esto evitar que se infiltre la
criminalidad que impacta tanto a la gran y mediana minería como también a los
pequeños mineros que de buena voluntad quieren desarrollar esta actividad”,
anotó.
En cuanto a las
acciones de interdicción contra la minería ilegal, demandó que estas deben ser
lideradas por la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, bajo un Estado de
Derecho, y no por ministerios civiles o empresas privadas. “Las interdicciones
deben mantenerse, pero también deben ir acompañadas de medidas que beneficien a
las poblaciones vulnerables que hoy son extorsionadas por las mafias
criminales”, subrayó.
Remarcó que el
Ministerio de Energía y Minas debería pronunciarse con claridad sobre el futuro
de la formalización minera. “El gobierno tiene pocos meses, pero debe avanzar
sobre lo que ya está hecho. No se trata de cambiar funcionarios, sino de
asegurar continuidad y resultados”, puntualizó.
Fuente: Red de Comunicación Regional (RCR) Lima.

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